Wifi! de ºFlorian

Fue aproximandamente por estas mismas fechas de hace tres años (principios de 2007) cuando el Ayuntamiento de Málaga sorprendió a todos sus ciudadanos con un proyecto entusiasmante: “Málaga Valley e-27“.

Se pretendía convertir a Málaga en “el más importante centro de excelencia tecnológica de Europa“, un “foco de conocimiento“. Se buscaron inversores que apoyasen la iniciativa, se firmaron tratados, acuerdos, declaraciones, pero todo quedó en vapor.

Estaba claro que las condiciones necesarias para que siguiese adelante no se cumplían. Y es que al margen de la carencia de inversión privada de la cual es presumiblemente culpable la difícil situación económica internacional, faltaba algo esencial, el más elemental de los elementos, la educación.

La Universidad de Málaga (UMA) ha ido mejorando sus instalaciones y supuestamente sus planes de estudio durante los últimos años, lo que la convierten en una universidad de calidad más que aceptable, pero señores, no se engañen, no es el MIT.

No puede pretender un ramillete de entrajados decir “montemos un Sillicon Valley a la española” y hala, todo funcionando alegremente. Así sale, “a la española”, un auténtico “quiero y no puedo“.

Dentro del proyecto se tenía previsto dotar a la ciudad de acceso inalámbrico integral a Internet para uso y disfrute de sus ciudadanos ya coste cero. De hecho incluso se instalaron entre 2007 y 2008 varios nodos en los edificios de las administraciones públicas, la llamada red “Biznaga“.

Que pena que para la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) esta actividad sea considerada ilegal ya que precisa de registro previo a su inicio como operador en el Registro de Operadores de Telecomunicaciones. ¿Por qué no se ha hecho así? Porque es también la CMT la que exije que la red sea financiada. No se puede ofrecer estos servicios gratuitamente ya que se trata de competencia desleal hacia las operadoras convencionales. Aviles ha conseguido pasar la prueba mediante la esponsorización de la red, y Barcelona ha conseguido permiso hasta el próximo verano.

Ante esta situación el Ayuntamiento de Málaga alegó que se trataba de una actividad de autoprestación y que estos servicios eran necesarios para el correcto funcionamiento de sus oficinas. La autoprestación está exenta de las condiciones dispuestas para las operadoras y no precisan de registro, según la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones publicada en el B.O.E. núm. 264, de 4 de noviembre.

Ahora la CMT dice que no puede ser aceptada como autoprestación, y que el Ayuntamiento deberá afrontar una sanción por valor de 300.000 euros además de cesar la actividad.

Esto se veía venir ya desde 2008 y es uno de los motivos que más me ha animado a comenzar a hacer red libre y unirme al proyecto Guifi.net. Queremos implantar en Málaga una red de telecomunicaciones ciudadana autoadministrada y autofinanciada, actividad completamente legal ya que Guifi está reconocida por la CMT y debidamente registrada como Operadora de Telecomunicaciones y de Contenidos Multimedia.

Para saber más sobre Guifi, puedes leer este FAQ que yo mismo me he ocupado de escribir.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto esta elaborado de forma conjunta por varios autores.Se ha publicado en multitud de sitios web. Si estás de acuerdo y quieres sumarte a él, difúndelo en tu blog, Twitter, en redes sociales, en foros o imprímelo y repártelo.